Adopción, opcion de equidad que debe dar el dercho.

Esta, mi opinión, consiste en dar un enfoque diferente al surgimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y su posibilidad de adoptar, que son dos cosas que no deben verse con la misma perspectiva, algo muy importante para estudiar el tema.
En Colombia que es un Estado laico (en tiendase aconfesional) es imperativo salvaguardar esa tradición que no ha sido del todo respetada. Esto es crucial porque la influencia de las creencias religiosas en el país han sido clave para oponerse al matrimonio homosexual y la adopción, sin adentrar en otros prejuicios de índole ideológico que carecen de fundamentos jurídicos para atacarlo.
La opción probada de procrear sin sexualidad y del intercambio sexual sin procreación, unido a las transformaciones en materia de equidad de género, además de los avances de los derechos fundamentales y en suma, de las mutaciones sociales propias de la historia universal, acusan el carácter no natural del matrimonio.
Empezamos por sostener que el matrimonio es una institución que inevitablemente ha evolucionado a través del tiempo, de suerte que ha devenido en una figura jurídica y social, actualmente muy alejada de la concepción inicialmente tradicional que formaban un hombre y una mujer con fines de procreación.
En España como un referente casi obligado para nuestra cultura, se puede referencias sobre a las uniones de hecho como antecedente del matrimonio y la adopción, porque concluimos que en estos casos no se privilegia la igualdad ante la ley cuando se pretende adoptar, pues no todas las parejas del mismo sexo pueden hacerlo. En el mismo contexto, se invita a estudiar sobre familias homoparentales y a los instrumentos internacionales que apoyaron el matrimonio español.
En cuanto a la adopción. La ciencia jurídica ha recogido estos cambios especialmente en las sociedades con vocación democrática que demandan la inclusión de todos los sujetos independientemente de sus diferencias, en un Estado de Derecho. Así, el matrimonio es un contrato o acto jurídico que abarca en forma general el régimen económico de los cónyuges, la sucesión, los derechos y obligaciones entre ellos y hacia sus hijos biológicos o adoptivos e inclusive la disolución. Se trata de un acuerdo de voluntades donde la orientación sexual de sus integrantes no es un impedimento para su celebración, ni altera su esencia.
Con todo esto considero que la adopcion es una opción ajustada a las normas de derecho internacional y que debe contar con las garantías Institucionales, que no han sido ampliamente desarrolladas, por lo que se sugiere ahondar en su análisis para diferenciarlas de los derechos humanos que son inherentes a las personas, pero no a las instituciones, si bien constituyen un concepto en extremo complejo que llega a confundirse y en ocasiones a incluir a los propios derechos fundamentales.
Asi como el matrimonio o unió de parejas hace referencia al derecho de igualdad, la adopción es una opción que no se debe impedir por la sola condicion sexual de la persona.

Solucion real para esta crisis europea.

Sería un grave error considerar que la crisis de Europa es una crisis de la deuda pública, cuando ante lo que realmente estamos es ante una crisis de la propia configuración de la Unión Europea y un modelo insostenible e incoherente de crecimiento económico. Desgraciadamente la falta de cultura política y económica ha llevado a la errónea percepción de que la crisis económica es resultado de las políticas llevadas a cabo por un gobierno concreto en los años más recientes, algo que por cierto explica el cambio de color visto en las elecciones en todos los países. Sin embargo lo cierto es que la crisis actual es el resultado de políticas instaladas y aplicadas hace mucho más años y consensuadas por todos los gobiernos europeos. Esta es una crisis de la Unión Europea y del sistema capitalista, y si no resolvemos los problemas subyacentes durará como mínimo una década más, tendrá un carácter mucho más grave y acabará en un nuevo orden social muy perjudicial para la amplia mayoría de la población.
La única opción es tener tipos de interés reales negativos, no necesariamente tiene que haber un aumento de las tasas de inflación, puede funcionar con una inflación del 4% ó 5 %. La cuestión crucial es que el tipo de interés real después de impuestos sea negativo, o sea desde un 2% hasta un 2,5% por debajo de la tasa de inflación. Si tenemos una inflación del 3% y un tipo de interés oficial del 1% y tienes que pagar impuestos por la mitad de tu cupón, de tal forma que el coste real de la deuda es de 0,5 %, entonces tienes un tipo de interés real negativo del 2,5% que, a lo largo de 10 años, es un 25%. Esto rebajaría el endeudamiento en un 25% y acercaría a algunas de las naciones a los criterios de Maastricht.

No es necesario tener un 10%, 20% ó 30% de inflación como argumentan los analistas más pesimistas, nuestra argumentación es que se necesita un tipo de interés lo suficientemente alto para que genere un tipo de interés negativo después de pagar impuestos de alrededor del 2% ó 2,5%.. Los tipos de interés los marca el Banco Central Europeo una opción realista de tasa de inflación para la eurozona como media para los próximos 10 años es un 4,5%.
Si tenemos un 4,5% de inflación y tenemos tipos de interés oficiales del BCE a diez años para Alemania de alrededor del 1,4%, y un máximo de 200 puntos (2%) básicos de spread con los países más endeudados de la zona euro, entonces tenemos una tasa media del 2% para el bono del gobierno, que después de impuestos significa un 3% de tipos de interés reales negativos.

Si el gobierno es capaz de estabilizar los presupuestos, y no producir un superávit primario, simplemente estabilizarlo, entonces habría un crecimiento de la deuda del 1% ó 1,5% y esto conduciría a lo largo de más bien 20 años a reducir los niveles de endeudamiento a un 60% ó 70% del PIB.


La deuda pública no es el problema.

Como todo agente económico, los Estados tienen una partida de ingresos y otra de gastos. Cuando la partida de gastos supera a la de ingresos se dice que se entra en déficit fiscal, y entonces el Estado tiene que endeudarse en los mercados financieros para compensar la diferencia. La percepción general ante esta situación es que los gastos son insostenibles y que la crisis es consecuencia del excesivo peso de lo público en la economía. Algo que se suma a la percepción populista de que hay demasiados funcionarios, sueldos excesivos en la administración pública, derroche, corrupción desenfrenada…
Como toda gran mentira siempre hay algo de verdad, pero los datos revelan que no estamos ante la causa real del problema. Ahorrar, gastar menos...Yo diría que si hubiéramos pensado en la crisis hace 15 años, esa hubiera sido una opción. O si solo un país tuviera un problema de deuda, entonces ahorrar y reducir los gastos sería una opción. Pero ya no es el caso en estos momentos porque más o menos todos los países industrializados tienen el mismo problema.

Terminaremos en una espiral bajista, todos los países que intentan resolver los problemas vía recorte de gastos acaban con horribles cifras de crecimiento del PIB. Ahorrar es algo para los titulares de los medios de comunicación, para que la gente en Alemania esté contenta y crea que la gente en el sur de Europa está haciendo esfuerzos reales.
Eso es debido a la caída extraordinaria en los ingresos (que caen por la recesión a la que lleva la crisis financiera internacional y el estallido de la burbuja inmobiliaria) y al crecimiento de los gastos derivados de los rescates financieros, el pago de prestaciones por desempleo y el plan de estímulo económico (conocido como Plan E). Todo ello llevó a incrementar el endeudamiento, es decir, a pedir mucho más dinero prestado a los mercados
En todas partes la crisis financiera internacional condujo a la recesión por vía del cierre del crédito, y en todas partes los Estados tuvieron que incrementar su deuda pública. Hasta niveles que los propios mercados financieros han considerado peligrosos.  Pero lo que debe quedar claro en este punto es que la deuda pública ha crecido como consecuencia de la crisis financiera.

La prima de riesgo no nos sirve para el análisis.

El peligro que tenga un determinado nivel de la deuda pública depende del flujo de ingresos que genere un Estado determinado. Un 140% de deuda pública sobre el PIB no nos indica mucho, ya que lo que necesitamos saber es qué capacidad tiene cada Estado para devolver la deuda y sus intereses. Por lo tanto lo que nos interesa es saber cuánto crece un país (porque al crecer se recaudan más impuestos y por lo tanto se crean flujos de ingresos con los que devolver la deuda). El actual peligro reside, precisamente, en que ningún país está creciendo a ritmos adecuados y la mayoría tiene perspectivas de entrar otra vez en recesión.
Y se entra en recesión porque se aplican políticas de recortes. El error de los políticos y economistas liberales reside en dar por hecho que los recortes llevarán al crecimiento ahora o en el medio plazo, cuando en realidad lo que ocurre siempre es que al afectar al gasto público (que es un componente del crecimiento económico) también se afecta a los ingresos. El resultado final es que caen los gastos pero también los ingresos y por lo tanto la necesidad de endeudarse prosigue igual.
Con un Estado como Alemania creciendo poco y teniendo que pagar un 3% de intereses, todavía puede seguir el ritmo de los pagos. Pero con países como Italia, Grecia o España, que crecen nada o decrecen, afrontar intereses del 7% es apretar un poco más la soga. Por eso no conviene mirar la prima de riesgo, que es un simple diferencial, sino los indicadores fundamentales de cada país (ingresos, crecimiento, deuda y rentabilidad de la deuda).

Los dos modelos de crecimiento dentro de la Unión Europea.

Que Alemania siga creciendo, aunque débilmente, y España esté en la frontera de la recesión se explica por el modelo de crecimiento que cada país mantiene. Mientras Alemania ha crecido en las últimas décadas gracias a un modelo de exportación, ayudado por su mayor competitividad, España ha crecido propulsando su demanda interna vía el crédito. Mirando la balanza comercial de cada país podemos comprobar cómo los países con menor competitividad (como España) han tenido un déficit comercial peligrosísimo mientras que países con mayor competitividad han tenido superávit.
Lo que explica este gráfico es que España ha tenido más importaciones que exportaciones, y que ha financiado esa diferencia a través de la cuenta financiera. Dicho de otra forma, España ha crecido gracias a su burbuja inmobiliaria pero ésta no podría haber sido posible si los bancos no hubieran obtenido dinero desde el exterior para financiar todos los créditos inmobiliarios. Y ese dinero lo han obtenido los bancos de los mercados financieros internacionales, muy especialmente a través de la emisión de productos titulizados.
Es decir, el consumo interno español (componente del crecimiento económico) se ha sustentado no en altos salarios (que han sido en realidad cada vez menores como vimos aquí) sino en el crédito financiero. Pero ese crédito ha sido posible porque los propios bancos han pedido prestado ese dinero en el exterior. Ese esquema es el que refleja el gráfico anterior, con una cuenta corriente excesivamente deficitaria y una cuenta financiera que lo compensa.
Por contraposición, Alemania ha crecido porque ha exportado más de lo que ha importado. Estamos ante una relación centro-periferia en Europa que se parece mucho a la establecida entre Estados Unidos y China. Alemania exporta más pero porque hay países que pueden comprar lo que Alemania vende. Y esos son países como España, Italia o Grecia. Y para ayudarles, Alemania y los países centrales de Europa han financiado esas mismas compras. Exactamente la misma relación que existe en el llamado Breton Woods 2 entre China y EEUU. Son polos opuestos que se necesitan mutuamente.

La distinta competitividad entre países.

La mayor competitividad de Alemania se explica por una caída de los salarios mucho más aguda en Alemania que en España o en el resto de países periféricos. Aquí la actitud de los sindicatos alemanes lo explica todo, puesto que han aceptado caídas brutales en el  salario real. Ello ha posibilitado que Alemania ganara la carrera competitiva sobre los otros países, que no tuvieron más salida que crecer vía crédito.
Así, mientras que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no sirvió para nada, porque sólo controlaba las cuentas públicas y no las privadas (y por lo tanto no alertaba de la exposición de las empresas y hogares), recientemente se aprobó el Pacto por el Euro. Dicho Pacto, que explicamos aquí, empuja a todos los países a ganar competitividad por la vía de recortes salariales y del gasto público. Además de llevar a la recesión, la aplicación de esas propuestas llevará a una carrera a la baja entre países europeos que nunca podrá ser ganada por España. Y es que no todos los países pueden ser competitivos ni crecer mediante exportaciones. Las exportaciones de unos son las importaciones de otros, y por lo tanto el Pacto del Euro es un camino hacia la chinarización de todos los países y sin que eso pueda llegar algún momento a producir crecimiento en los países con más retraso en dicha carrera, como España.

Lo que debería hacerse.

Si la Unión Europea quiere mantenerse tiene que resolver los desequilibrios comerciales que existen en su seno. Si se quiere hacer de forma coordinada lo primero que Alemania tiene que hacer es promover una subida de la participación salarial en su economía.
1- Esto se puede hacer fortaleciendo el peso de la centralización en la negociación salarial o llevando a un pacto capital-trabajo que refleje un creciente poder del componente salarial y un menor peso del margen de beneficios. Eso reducirá su superávit comercial y mejorará la balanza comercial de los países periféricos.

2- En el ámbito europeo hay que controlar el espacio financiero europeo. Hay que establecer controles de capital hacia fuera e imponer tasas financieras en el espacio europeo, declarando la zona euro una zona de autosuficiencia financiera. La prohibición de las transacciones con los paraísos fiscales y territorios offshore será otro pilar, junto con el fortalecimiento de los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal y la coordinación de un fuerte sistema fiscal progresivo.

3- Refundacion del BCE. Con todo ese dinero, más con un financiamiento directo del BCE, se pueden comenzar los planes de estímulo destinados a corregir todos los desequilibrios comerciales y a fortalecer un modelo sostenible de crecimiento (dirigido por los salarios y teniendo presente limitaciones medioambientales).

4- Los eurobonos pueden ser una buena opción, pero si no son suficientes el BCE debe financiar directamente. Además, debe incrementarse fuertemente la regulación financiera, prohibiendo prácticas especulativas, e imponiendo tasas a los bonos de deuda públicas que por encima de una determinada cantidad sean del 100%. Eso es una reestructuración de la deuda que permite que sea progresiva.

En España.
 debe acometerse un cambio en el modelo productivo, pero para ello es necesario impulsar también el mercado interno para no depender tanto de las dinámicas de otras economías. Algo similar a lo que está haciendo China desde hace varios años con objeto de reducir su exposición al exterior. Para ello también hay que fortalecer la participación salarial e incrementar el peso del Gasto Público en la economía. Como herramientas fundamentales es necesario disponer de banca pública y de empresas públicas en los sectores clave (como le energía, vivienda o telecomunicaciones).
En definitiva, para la supervivencia de la Unión Europea y de nuestro planeta necesitamos un proceso fuerte de redistribución de la renta, de la riqueza, del trabajo y un mayor peso de las entidades públicas, que deberán ser gestionadas de forma transparente y democrática. Todo lo que no sea eso, y como hemos revelado más arriba, nos conducirá a un nuevo orden social inestable, repleto de tensiones sociales inabarcables y que amenazaría con destruir todo atisbo de democracia.

La única opción es tener tipos de interés reales negativos, no necesariamente tiene que haber un aumento de las tasas de inflación, puede funcionar con una inflación del 4% ó 5 %. La cuestión crucial es que el tipo de interés real después de impuestos sea negativo, o sea desde un 2% hasta un 2,5% por debajo de la tasa de inflación. Si tenemos una inflación del 3% y un tipo de interés oficial del 1% y tienes que pagar impuestos por la mitad de tu cupón, de tal forma que el coste real de la deuda es de 0,5 %, entonces tienes un tipo de interés real negativo del 2,5% que, a lo largo de 10 años, es un 25%. Esto rebajaría el endeudamiento en un 25% y acercaría a algunas de las naciones a los criterios de Maastricht.

No es necesario tener un 10%, 20% ó 30% de inflación como argumentan los analistas más pesimistas, nuestra argumentación es que se necesita un tipo de interés lo suficientemente alto para que genere un tipo de interés negativo después de pagar impuestos de alrededor del 2% ó 2,5%.

Problema estructural del sistema de la eurozona.

Existe una contradicción estructural en el sistema del euro: hay una unión monetaria (una divisa común) sin unión fiscal (esto es, sin impuestos, pensiones y funciones del Tesoro comunes.En el sistema de la eurozona, se requiere a los países miembros que sigan un patrón fiscal similar, pero no disponen de un Tesoro común para hacerlo valer. Esto es, países con el mismo sistema monetario tienen libertad en cuanto a sus políticas fiscales en materia de imposición y gasto. Así que incluso aunque existan algunos puntos de acuerdo sobre la política monetaria a través del Banco Central Europeo, los países pueden no ser capaces o simplemente pueden elegir no seguirla. Esta característica ha provocado un cierto comportamiento de free riding de las economías periféricas, especialmente representadas en este sentido por el caso de Grecia, dado que es difícil controlar y regular las instituciones financieras nacionales. Además, existe también el problema de que el sistema de la zona euro tiene una estructura compleja para responder y actuar con rapidez. Con muchas naciones como miembros, requiere unanimidad para la toma de decisiones. Esto puede conducir al fracaso en la prevención del contagio a otras áreas, al ser difícil para la zona euro responder rápidamente ante un problema financiero de envergadura.

Adicionalmente, no existe una "unión bancaria", lo que significa que no existe a nivel europeo una supervisión bancaria ni vías de recapitalización o resolución de bancos fallidos.

El canal del Dique 364 años de historia desconocida.

En el año de 1650, el río Magdalena fue bifurcado dando paso al nacimiento de lo que hoy es el Canal del Dique. Lo que en sus inicios no fue más que una idea basada en unir las lagunas y ciénagas de la Gobernación de Cartagena con el río, se convirtió en realidad gracias a la iniciativa de don Pedro Zapata de Mendoza, gobernador de Cartagena en esa época, quien respaldado por 200 hombres con hacha, pico y pala, entre enero y agosto de dicho año, llevó a cabo la obra por la que hoy es recordado: el rompimiento del “dique” vocablo derivado de “muro” en holandés que separaba el río Magdalena de dichas ciénagas. Esta tarea en parte fue facilitada, porque correspondía a los remanentes de ciénagas existes del cauce anterior del río Magdalena.
El nombre de Canal del Dique surge del rompimiento de un dique que separaba las aguas del río Magdalena de las ciénagas adyacentes. La obra, originalmente, no se podía considerar como un canal puesto que unía las ciénagas con el río y su navegación dependía del nivel de las crecientes. Desde 1571 hasta 1984, se han realizado toda una serie de intervenciones sobre la ecorregión del Canal del Dique bajo la necesidad de optimizar la navegación fluvial entre Cartagena y el interior del país y viceversa.
Los primeros indicios de tráfico entre Cartagena y el río Magdalena datan de 1571, cuando Mateo Rodríguez, vecino de Tenerife, abrió un camino de herradura desde el caño de Calvara hasta la barranca o lugar de embarque de su nombre, y más tarde llamada Barranca Vieja, reemplazada por otra denominada Barranca Nueva. Posteriormente, en 1575 Martín Polo abrió otra vía acuática-terrestre desde el morro de Juan Gómez hasta las orillas del Magdalena, con la obligación de construir en una de las ciénagas una barca grande en que pudieran entrar recuas cargadas, para evitar el daño que el trasbordo ocasionaba a las mercaderías. En 1596, expirados los privilegios y el tráfico por aquella vía fue público, la Real Audiencia le concedió a Martín Camacho la reforma a la navegación por el río Magdalena. Con algunas pequeñas mejoras estas vías fueron utilizadas por espacio de casi un siglo.
A mediados del siglo XVII, el Gobernador de Cartagena de Indias, Alonso Turrillo, tuvo la idea de prolongar la ciénaga de la Matunilla hasta el río Magdalena, para comunicar el puerto marítimo con el interior del país y pidió al Rey $100.000 suma que no recibió; su sucesor Clemente Soriano también se interesó por el proyecto, pero en 1647 murió. En su reemplazo se encargó a Pedro Zapata de Mendoza quien se enteró que los caminos para la conducción de mercancías desde Cartagena al río Magdalena estaban casi abandonados. Además, se le informó que Soriano tenía un proyecto para unir las aguas del Caño Calvara con el río Magdalena, pero que por su alto costo y la situación crítica de la ciudad la obra no se había construido.
El Gobernador Pedro Zapata de Mendoza, asesorado por el ingeniero Juan de Somovilla y Tejada, quien dirigía las obras de fortificación de la ciudad, se propuso continuar el proyecto de su antecesor y, en 1649 solicitó al Cabildo de Cartagena la construcción de un canal que permitiera la comunicación fluvial entre Cartagena y el río Magdalena. Como la hacienda municipal no disponía de los recursos para dicha obra, Zapata aportó sus sueldos y comprometió su firma particular como fianza en un empréstito “a censo” de 30.000 pesos. La barranca era venta, almacén y puerto que se ubicaba en un lugar alto y seguro de las riveras.
Por medio de una orden que tuvo el carácter de una ley, todos los indios y esclavos que se encontraban en la jurisdicción, hasta Tolú, tenían obligación de trabajar en la apertura del canal. Cerca de dos mil trabajadores, entre indios y negros, armados de azadón, hachas, machetes, picos y palas, tuvieron la labor de abrirlo. Se les daba su mantenimiento diario y una paga de ocho pesos al mes, que era superior a la que entonces regía para trabajos más duros. El canal se trazó por una depresión del terreno formada por lagunas profundas, unidas por caños, lo cual explica la forma de S acostada con una extensión de 129 kilómetros. La travesía normal en champanes y canoas duraba tres o cuatro días. La apertura del canal duró seis meses, se terminó el 24 de junio de 1650, realizándose su inauguración el 20 de agosto del mismo año.
En un inicio la administración del canal estuvo a cargo del Cabildo de Cartagena, posteriormente, pasó a múltiples arrendatarios los cuales únicamente se interesaban por el cobro de los dineros obtenidos por su uso y no le realizaban ningún tipo de mantenimiento.Esto produjo el deterioro de esta vía fluvial que solo podía transitarse pocos meses al año, permaneciendo la mitad de él sin agua.Durante el siglo XIX, varios ciudadanos y empresas nacionales y extranjeras se interesaron por la administración, el dragado, la profundización y la rectificación del canal para mejorar su navegabilidad. En 1824 el ciudadano alemán Juan Bernardo Elbers, quien había obtenido del Congreso y del Gobierno Nacional la exclusividad de la navegación por el río Magdalena en buques de vapor, junto con otros ciudadanos estuvo dispuesto a reabrir la navegación por el canal. Por dificultades de Elbers con el cabildo de Cartagena, quien cobraba por la utilización de esta vía los derechos de peajes denominados, “dique y medio dique”, transcurrieron cuatro años y no se rehabilitó el canal.
En vista de que no se iniciaron los trabajos del canal, en 1828 el presidente de Colombia, Simón Bolívar, solicitó a la municipalidad su apertura y tampoco fue posible. En las décadas de 1820 y 1830 las dilaciones para la reapertura del canal condujeron a que la actividad económica de Cartagena declinara a favor de los puertos Santa Marta y Sabanilla, este último utilizado para el comercio de Barranquilla. En 1844 la Cámara Provincial de Cartagena encargó a una junta para emprender una nueva canalización, y esta junta contrató al ingeniero civil norteamericano G.M. Totten, quien comenzó los trabajos de excavación en 1845, con una duración de seis años y un costo de $350.000 pesos. Se hicieron compuertas en varios sitios y se abrió una nueva boca del Dique en un punto cercano a la población de Calamar, que había sido fundada en 1848. La hierbas y arenas que arrastraban las aguas del río nuevamente dificultaron la navegación, lo que condujo a la Junta del Canal del Dique a celebrar nuevos contratos de canalización con particulares; es así como, en 1867 la Compañía de Vapores de Dique de Cartagena obtuvo el derecho exclusivo de navegar el canal por 50 años, limpiarlo y canalizarlo. Sin embargo,un año después la Compañía no cumplió sus obligaciones y el Estado declaró rescindido y caducado el privilegio.
Mediante la Ley 2 del 21 se septiembre de 1877, siendo Presidente del Estado Soberano de Bolívar Rafael Núñez, se creó un Consejo Consultivo de la Dirección de la Empresa del Dique, quien presentó una propuesta para la canalización y limpieza del canal. Los trabajos se iniciaron en 1878 bajo la dirección del ingeniero J.J. Moore y se emplearon cuatro años en la canalización, construcción de canales nuevos y cortes de curvas del Dique. En busca de una mayor comunicación de Cartagena con el río Magdalena, Nuñez también construyó el ferrocarril Cartagena-Calamar, en 1894, el cual en teoría debió dejar en desuso el canal; pero la conexión férrea se eliminó aduciendo que la tecnología, la maquinaria y los medios económicos de Colombia en el siglo XIX no eran los apropiados. En 1953 se levantaron los rieles del ferrocarril de Calamar, sin ruido ni protestas.
En 1914 con la apertura del Canal de Panamá se renovó el deseo de los cartageneros de luchar por el Canal del Dique y lograron que el Congreso aprobara la Ley 130 de 1915 y creara una Junta de Limpieza y Canalización de Dique, la cual contrató unos estudios para que el canal fuese navegable durante todo el año. Los estudios los hizo el coronel (r) Vanderburgh quien perteneció al U.S. Army Coros of Engineers entidad que había terminado el Canal de Panamá. Vanderburgh entregó dos informes, uno en 1917 y otro en 1920.Los anteriores informes sirvieron, a comienzos del siglo XX, para que la Junta de Limpieza y Canalización del Dique y The Foundation Company celebraran un contrato en 1923 para realizar trabajos en el canal y ponerlo activo durante todo el año, para vapores de mayor tonelaje siendo el fondo mínimo de toda la vía de siete pies.10 Esta compañía efectuó dragados hasta 1930, pero no lograron la navegación de los buques de más de 500 toneladas de capacidad que transitaban por el río Magdalena, aunque se hicieron adelantos que más tarde sirvieron para la modernización del Dique.
Entre 1932 y 1934, una draga de la firma Frederick Snare Co. realizó el corte de Paruica con el fin de conectar la ciénaga de Matunilla con el caño del Estero. Con esta obra comienza la llegada de aguas dulces a la bahía de Cartagena por el sitio de Pasacaballos, dándole las condiciones de estuario. Desde siempre había desaguado en Barbacoas y las embarcaciones atravesaban un brazo de mar antes de penetrar por el caño del Estero a la bahía de Cartagena. A partir de 1940 el Ministerio de Obras Públicas efectuó trabajos de ampliación, profundización, corte de variantes, cierre de cauces antiguos, relleno de algunas zonas inundables, entre otras. Entre 1950 y 1952 en el gobierno de Laureano Gómez se contrató con la Standard Dredging Co. la rectificación del Canal del Dique con lo cual se redujo de 113 a 93 el número de curvas, lo cual condujo a que el sedimento del río Magdalena entrara con más fuerza a las bahías de Cartagena y Barbacoas. Ya para 1960 el caño del Estero se había sedimentado por completo lo que llevó a que en 1961 se construyera el caño de Lequerica con una longitud inicial de 200 metros.
En 1956 se construyó la refinería de Cartagena, lo cual llevó a un creciente tráfico de hidrocarburos que se transporta en remolcadores impulsados por hélices, haciendo indispensable el mantenimiento permanente del Canal. Entre 1981 y 1984, el Canal del Dique fue nuevamente rectificado por el Consorcio Layne Dredging y Sanz & Cobe Ltda, reduciendo de 93 a 50 el número de curvas, el ancho del fondo se llevó de 45 a 65 metros con una profundidad mínima de 2.5 metros. La obra quedó inconclusa por inconvenientes económicos de la empresa constructora y las trampas de sedimentación no funcionaron como se esperaba. Con los últimos cortes se incrementó el caudal del río Magdalena que se vierte a través del canal sobre la bahía de Cartagena,causando esto ademas muchos problemas ecologicos por la falta de mantenimiento.

La profunda crisis de política y de gobernanza.

Esta crisis de credibilidad política y de gobernanza exige unas primarias realmente abiertas en los grandes partidos que permitan la entrada de candidatos autónomos y la participación de todos los ciudadanos.

La ola democratizadora global y las exigencias de mayor transparencia son un elemento intrínseco e inevitable de la era de la información. Cuanto antes entiendan los grandes partidos esta realidad, antes recuperarán la confianza de los ciudadanos.

Las primarias conllevan algunos riesgos importantes para la estabilidad, por su carácter genuinamente democratizador y aperturista. Existe el riesgo de que emerja un líder poderoso externo con capacidad para remodelar el aparato a su conveniencia. También aumentan los riesgos de división interna y las lealtades con la oligarquía política dominante se vuelven menos importantes. El resultado es que los partidos se convierten en más plurales, más dinámicos y más sensibles a las demandas democráticas de los ciudadanos que los tradicionales partidos organización. Por eso a los dirigentes de los grandes partidos no quieren dar el paso.

Las primarias permiten el acceso a líderes independientes, no adscritos a ningún partido. Amplían el abanico de opciones internas en los partidos podría compensar, en parte, la falta de mecanismos que los sistemas electorales ofrecen para luchar contra la corrupción. Las primarias podrían compensar esos problemas y abrir la puerta a opciones realmente nuevas, sin ataduras a las redes de favores y obligaciones internas creadas.

El sistema ha favorecido la reproducción de unas élites políticas en las que la fidelidad al partido ha resultado ser más importante que los méritos profesionales o académicos adquiridos. De hecho, el nivel de formación de los Gobernantes y políticos ha empeorado de forma progresiva, de manera inversamente proporcional a las exigencias intelectuales del cargo.

Un modelo al tipo de primarias, a la americana, serían positivas por cuatro razones  (no digo que sería el único e ideal):

1.    Como estrategia de reflote in extremis de los dos grandes partidos.

2.    Como mecanismo imprescindible de recambio de las élites, en un contexto de urgentísima regeneración democrática.

3.    como arma para la lucha contra el cáncer de la corrupción.

4.    Como reclamo necesario para que los mejores vuelvan a sentirse atraídos por la política.

Las dinámicas de los partidos ya no emocionan a los mejores, por eso son necesaria las primarias. Nos  enfrentamos a un enorme reto histórico de reforma que requiere recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y a los mejores políticos al frente para llevar adelante las reformas.

Las primarias no solucionarán todos los problemas políticos y de gobernanza, pero ayudarán a regenerar las élites políticas, a reducir la corrupción y, a base de mayor competencia, a estimular la calidad e independencia de nuestros políticos.

La corrupción en los partidos políticos.

Los partidos ya no son canales de participación política. Un ciudadano con inquietudes, que no busque un cargo público sino un marco de discusión política de sus ideas e iniciativas y una canalización de su tiempo hacia actividades socialmente útiles, no tiene nada que hacer en una de estas agrupaciones. En las reuniones de dichas agrupaciones casi todos los militantes que asisten tienen un cargo público o han conseguido su trabajo gracias al partido. No se entendería y sería tremendamente sospechoso que alguien fuese a las reuniones con objetivos distintos a los de conseguir un cargo o un puesto de trabajo la única participación política que se espera de la ciudadanía es que acuda a las urnas cuando se convocan elecciones. No es solo el ciudadano de a pie el que no puede debatir sus iniciativa, la ausencia de debate caracteriza también a los órganos directivos de los partidos. Si no hay debate tampoco puede haber mecanismos de rendición de cuentas ni de petición de responsabilidades. Así las cosas y con el tiempo, a base de cooptación reiterada, se ha consolidado la llamada “clase política “de personas que deben su cargo o su empleo al favor político. Esta casta abarca desde los porteros hasta los más altos magistrados del Estado, pasando por los miles de empleados públicos de la Administración central nombrados inicialmente a dedo y consolidados con posterioridad mediante discutibles procesos de funcionarización, por no hablar de los organismos que se han creado con la finalidad de pagar sueldos y repartir dietas.

El interés particular de esta clase política consiste en perpetuarse en su actual estado, manteniendo la jerarquía comensalista con la que accede a las arcas públicas y a la extracción de rentas del sector privado de la economía mediante la licitación, la contratación y la regulación. De este modo se configura una élite extractiva que, como todas ellas, resiste ferozmente a todo cambio que pueda acabar afectando al statu quo, aunque sea de manera indirecta. Se han convertido en instituciones para la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general y porque son incapaces de articular soluciones a problemas económicos, institucionales,  morales, etc. Del estado. Se han degradado tanto que lo único importante que se dirime en las elecciones es quién gestionará la licitación pública, las subvenciones y la regulación. Es decir, las elecciones deciden a los amigos de quién irán a parar los despojos de la acción política, otras cosas como mejorar la enseñanza, acabar con la corrupción, delincuencia o pobreza acaban siendo irrelevantes por que los principales partidos no tienen propuestas de cómo poder resolverlos, no hay propuestas serias por parte de los partidos con más experiencia de gobierno, los programas electorales acaban siendo ocurrencias o propuestas destinadas a no cumplirse. Eso si todos quieren el poder y sus prebendas.

Todo esto requiere reformas profundas que afectan a su interés particular además requiere una visión del futuro y una capacidad de liderazgo.

El sistema está diseñado para conseguir la estabilidad a toda costa y, desde este punto de vista, es un sistema muy eficaz, aunque el precio que se ha pagado en términos de corrupción, ineficiencia, violencia y desmoralización de la sociedad haya sido muy alto.

Un programa reformista tiene que empezar por rediseñar los partidos políticos. Como se hace en los países constitucionalmente más avanzados, los partidos no deben autor regularse, sino que deben estar regulados desde fuera, por la ley ya que son entidades especiales que tienen el monopolio de la representación política y que se financian principalmente con fondos públicos. Una ley de partidos debería exigir transparencia y democracia interna, con el fin de fomentar el debate, la circulación de ideas y la competencia entre iniciativas diversas. Este cambio se ha de hacer de manera espontánea, desde dentro de los propios partidos políticos. Lamentablemente eso es muy improbable. Tiene que ser la sociedad civil la que, movilizándose, tome el protagonismo y exija los cambios. 

La situación de inferioridad del consumidor en los negocios con la banca.

La situación de inferioridad del consumidor se refleja tanto en su capacidad de negociación, prácticamente nula, como en el nivel de información del que dispone. Uno se limita a firmar lo que le ponen.

Desde el año 2009, el Tribunal de Luxemburgo había dictado varias sentencias poniendo de relieve la necesidad de que los jueces se pronunciasen de oficio sobre la existencia de cláusulas abusivas. El juez ahora debe revisar de oficio la existencia de cláusulas abusivas en las hipotecas. Si encuentra una, debe eliminarla.

En muchos casos, el banco no tuvo en cuenta la verdadera capacidad económica del deudor, omitió que la prestación a cumplir por el deudor fuera posible (instan a error al deudor con respecto su posibilidad de pago).

En otros, siendo el valor real de una vivienda muy inferior al tasado presto incluso otra cantidad más de lo tasado, convenciendo al deudor de que esa diferencia la podía invertir en reformas o en amueblar la casa (vicia el consentimiento del deudor al hacerle creer que el valor del bien es el estipulado en el negocio).

Además realizaron negocios en los cuales parte de la documentación que exigían eran simples documentos firmados por terceros (ajenos al negocio) como si fuesen contratos de trabajo en el cual se estipulaba un monto determinado, para así completar y aprobar la operación bancaria de la cual ellos obtenían un benéfico económico por cada uno de estos negocios que firmasen.

En un préstamo hipotecario es esencial tasar la vivienda. ¿Quién lo hace? Una sociedad de tasación que depende del banco. Si luego la cuantía de la tasación no se corresponde con la realidad de los hechos, ¿quién debe asumir el riesgo de haberse equivocado? Entiendo que quien tasó, que además estaba cobrando por sus conocimientos. Es decir, directa o indirectamente, el banco.

El riesgo no puede imputarse sin más al consumidor, que encima ni participó en la tasación. En todo caso, habría que hablar de dos responsables.

Los bancos argumentan que ellos ya han cumplido su parte en el contrato: dar el dinero. Y que la otra parte debe devolverlo porque asumió un riesgo.  En el caso concreto del as hipotecas nos encontramos que introducen clausulas que rompen el equilibrio entre las partes, por eso no existe igualdad en el nacimiento de esa relación. Un ejemplo es:

Todo esto se podría regular impidiendo las situaciones de sobregarantias. Que un préstamo se garantice solo con la hipoteca sobre la vivienda y bienes del deudor sin que pueda alcanzar la vivienda habitual del avalista.         

Que no solo con el incumplimiento de tres meses en el pago de la cuota de la hipoteca el banco ya quede salvado de responsabilidad. El Juez tendrá que tener en cuenta otras circunstancias, como la cuantía social de la deuda y el plazo de pago para ver si la clausula es abusivo. Ya que si el monto muy elevado y el tiempo extenso o prolongado (por lo general 30 años), esta tiene que ser proporcional a tales circunstancias. 

Inconstitucionalidad de la nueva reforma laboral.

La Constitución —y el Tribunal Constitucional— han erigido una protección muy poderosa de las relaciones laborales en torno a los tres derechos capitales:

—El derecho a la libertad sindical (artículo 28)

—El derecho al trabajo (artículo 35)

—El derecho a la negociación colectiva (artículo 37)

La definición de España en el artículo 1º de la Constitución como un "Estado social y democrático de Derecho". Lo primero que define a España es, pues, ser un Estado social. La reforma laboral rompe los tres derechos. Es una decisión inconstitucional, Y el Gobierno no se ha molestado en disimularlo.

Veamos porque:

1- La ruptura del derecho a la negociación colectiva y la violación de la libertad sindical.

Si hay un derecho troncal en el Estado social y en el propio derecho del trabajo moderno, garantizado por la Constitución, es el de negociación colectiva. Es el equilibrio entre sindicatos y organizaciones empresariales.

El decreto-ley del Gobierno lesiona el derecho a la negociación colectiva.  El Tribunal Constitucional dice que es un derecho que está en el corazón de todo sistema democrático. Además, está recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 28), jurídicamente vinculante para cada país de la Unión.

Llega a su punto culminante cuando el decreto-ley dice: que, cuando concurran causas "económicas, técnicas, organizativas o productivas", la dirección de la empresa puede obviar el convenio colectivo firmado y no aplicar las condiciones de trabajo previstas en el mismo, incluyendo la cuantía salarial. Y si hay desacuerdo, el empresario podrá someter la solución a un órgano administrativo, una Comisión Consultiva, que decidirá sin necesitar la aprobación de los trabajadores y sus representantes sindicales. Esta fórmula ya ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (sentencia 8/81) por ser incompatible con el derecho a la negociación colectiva.

El decreto-ley le concede al convenio de empresa la prioridad de aplicación, sobre cualquier convenio de ámbito territorial superior. El convenio de empresa usurpa así absurdamente el papel de regulador de las relaciones laborales, dejando  sin control judicial posible, el trabajador de la pequeña y mediana empresa al separarlo del sindicato de nivel regional o nacional

Entonces qué pasa con los sindicatos, que, junto a las organizaciones empresariales, son los legitimados para ejercer tal derecho según la Constitución (artículos 7 y 28).

La fuerza del convenio colectivo proviene, no de la ley o del decreto-ley, sino directamente de la propia Constitución, como tiene repetidamente dicho el Tribunal Constitucional.  A la vez, y por ello, vulnerar el derecho fundamental a la libertad sindical. La negociación colectiva forma parte del "contenido esencial" de la libertad sindical. Es el medio necesario para su ejercicio. La negociación colectiva forma parte del "núcleo mínimo indisponible" de la libertad sindical, sin la cual este derecho no sería reconocible.

El Tribunal Constitucional, ha insistido en que la negación u obstaculización a un sindicato de la negociación colectiva como hace el decreto ley constituye, al tiempo, una violación de la libertad sindical, al suponer tal denegación, en la práctica, quitarle su función básica.

2 - El contrato “por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores”: el despido sin causa y sin indemnización

El contrato que permite despedir sin causa es constitucionalmente imposible. Un contrato "indefinido" y que se caracteriza por poder ser extinguido a voluntad del empresario durante el primer año, llamado "de prueba" para tapar sus vergüenzas. Pensado para encadenar estos contratos fraudulentamente y para sustituir a los existentes.

Un contrato aplicable al 98% de las empresas españolas, que tiene por objeto instaurar en España el despido libre, sin causa y sin indemnización, para toda circunstancia y con cualquier contenido.

El Tribunal Constitucional lo ha dicho en sentencia 22/81 y muchas otras más.

Dice: No cabe despido sin causa. Es improcedente. Y como lo es, hasta ahora la legislación obligaba al empresario a indemnizar si despedía sin causa alguna. El nuevo decreto ley  pretende acabar con esto, acabando con el artículo 35 de la Constitución, que proclama el derecho al trabajo.

El contrato "de apoyo a los emprendedores" copia de la Ley 846, de 26 de julio de 2005 Francesa, y que llamó de nouvelles embauches (nuevos empleos). Que fue considerado l abusivo por la jurisprudencia de los tribunales franceses, y mereció una recomendación en contra de la OIT, Esta es ahora trasladable a la copia actual española.