Los partidos ya no son canales de
participación política. Un ciudadano con inquietudes, que no busque un cargo
público sino un marco de discusión política de sus ideas e iniciativas y una
canalización de su tiempo hacia actividades socialmente útiles, no tiene nada
que hacer en una de estas agrupaciones. En las reuniones de dichas agrupaciones
casi todos los militantes que asisten tienen un cargo público o han conseguido
su trabajo gracias al partido. No se entendería y sería tremendamente
sospechoso que alguien fuese a las reuniones con objetivos distintos a los de
conseguir un cargo o un puesto de trabajo la única participación política que se espera de la ciudadanía es
que acuda a las urnas cuando se convocan elecciones. No es solo el ciudadano de
a pie el que no puede debatir sus iniciativa, la ausencia de debate
caracteriza también a los órganos directivos de los partidos. Si no hay debate tampoco puede haber mecanismos de
rendición de cuentas ni de petición de responsabilidades. Así las cosas y con el tiempo,
a base de cooptación reiterada, se ha consolidado la llamada “clase política
“de personas que deben su cargo o su empleo al favor político. Esta casta
abarca desde los porteros hasta los más altos magistrados del Estado, pasando
por los miles de empleados públicos de la Administración central nombrados
inicialmente a dedo y consolidados con posterioridad mediante discutibles
procesos de funcionarización, por no hablar de los organismos que se han
creado con la finalidad de pagar sueldos y repartir dietas.
El interés particular de esta clase política
consiste en perpetuarse en su actual estado, manteniendo la jerarquía
comensalista con la que accede a las arcas públicas y a la extracción de rentas
del sector privado de la economía mediante la licitación, la contratación y la
regulación. De este modo se configura una élite extractiva que, como todas
ellas, resiste ferozmente a todo cambio que pueda acabar afectando al statu
quo, aunque sea de manera indirecta. Se han convertido en instituciones
para la defensa de intereses particulares en detrimento del interés general y
porque son incapaces de articular soluciones a problemas económicos,
institucionales, morales, etc. Del
estado. Se han degradado tanto que lo único importante que se dirime en las
elecciones es quién gestionará la licitación pública, las subvenciones y la
regulación. Es decir, las elecciones deciden a los amigos de quién irán a parar
los despojos de la acción política, otras cosas como mejorar la
enseñanza, acabar con la corrupción, delincuencia o pobreza acaban siendo
irrelevantes por que los principales partidos no tienen propuestas de cómo poder
resolverlos, no hay propuestas serias por parte de los partidos con más
experiencia de gobierno, los programas electorales acaban siendo ocurrencias o
propuestas destinadas a no cumplirse. Eso si todos quieren el poder y sus prebendas.
Todo esto requiere reformas profundas que afectan
a su interés particular además requiere una visión del futuro y una capacidad
de liderazgo.
El sistema está diseñado para conseguir la
estabilidad a toda costa y, desde este punto de vista, es un sistema muy
eficaz, aunque el precio que se ha pagado en términos de corrupción,
ineficiencia, violencia y desmoralización de la sociedad haya sido muy alto.
Un programa reformista tiene que empezar por
rediseñar los partidos políticos. Como se hace en los países
constitucionalmente más avanzados, los partidos no deben autor regularse, sino
que deben estar regulados desde fuera, por la ley ya que son entidades
especiales que tienen el monopolio de la representación política y que se
financian principalmente con fondos públicos. Una ley de partidos debería
exigir transparencia y democracia interna, con el fin de fomentar el debate, la
circulación de ideas y la competencia entre iniciativas diversas. Este cambio
se ha de hacer de manera espontánea, desde dentro de los propios partidos
políticos. Lamentablemente eso es muy improbable. Tiene que ser la sociedad
civil la que, movilizándose, tome el protagonismo y exija los cambios.
